Que el gobierno haya iniciado precisamente ahora un "ajuste" de las relaciones y equilibrios de la comunidad musulmana —con el pretexto de restar poder a Rabat— ha dado pie a los medios, comenzando por El País, para iniciar la publicación de una serie de noticias que ponen de relieve supuestos "conflictos" entre españoles y musulmanes que actualizan la posibilidad y la probabilidad de fricciones y hasta de enfrentamientos.
Que sea justo ahora, cuando ha quedado patente el apoyo de la opinión pública española hacia los palestinos —así como su rechazo y condena de la conducta israelí— por los hechos acaecidos con relación a la Flotilla por la Paz en su intento de romper el bloqueo a Gaza, perfila la existencia de un claro intento de influir en la visión que del ámbito musulmán en tierras españolas tiene la mayoría de ciudadanos españoles.
El método es aberrante pero conocido; se trata de influir en la opinión pública española haciéndola percibir peligros secretos y amenazas latentes en la comunidad musulmana. Se pretende así neutralizar o debilitar las reacciones negativas que despierta Israel contraponiendo imágenes diversas: islamitas barbudos que defienden el uso del velo, mujeres que pasean vestidas con el burka, grupos de fieles que rezan en las aceras, etcétera. Esta manipulación se exporta en el imaginario colectivo desde el ámbito puramente social al jurídico, al sugerir la existencia de litigios por derechos y propiedades para mezquitas y cementerios. Como si Código Civil y sistema judicial no fuesen bastante para resolver tales cuestiones.
Habremos de preguntarnos además si la actuación del Ministerio de Justicia obedece a un llamado externo a las necesidades reales del servicio a la nación y de ser así, conocer de dónde surge tal llamado y porqué se le considera hasta el punto de alcanzar rango de mandato; puesto que se accede a él, a qué precio y con qué contrapartidas.
Si el gobierno se ha plegado a la voluntad del capital y a las exigencias de quienes quebraron el sistema financiero y ahora someten al sistema democrático a través de lo económico, cabe suponer que ya todo sea posible.
Qué pensar ante la confluencia de una acción tan significativa por parte del Ministerio de Justicia, la actitud de la opinión pública frente a las acciones de Israel, el perfil más negativo en años del estado israelí, la presencia en el accionariado de Prisa de Nicolas Berggruen, estadounidense de orígen judío a través de Liberty Acquisitions Holding, y las noticias que El País ha comenzado ha publicar.
Tanta oportunidad es sospechosa. ¿Cabría pensar que es iniciativa del gobierno al objeto de mantener buenas relaciones con Israel y por ende con EEUU? ¿Quién pide que se influya sobre las percepciones de la opinión pública en favor de los agresores?
En todo caso, esta campaña mediática —que arreciará en nuestro país los próximos días y tendrá sus máximos en momentos relacionados con nuevas acciones de la Flotilla por la Paz— podría conformar peligrosas actitudes entre las comunidades y provocar enfrentamientos y tensiones que nadie debería alimentar.
